¿Quién amplía los plazos? (Borrador)
La evaluación ambiental de proyectos en Chile contempla mecanismos formales para ampliar los plazos originalmente establecidos, tanto por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como por parte de los titulares de los proyectos. Estos mecanismos están regulados por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) y permiten, bajo ciertas condiciones, suspender o extender los plazos de respuesta y análisis durante el proceso evaluativo.
Para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), el artículo 45 del RSEIA faculta al Director Regional o Ejecutivo del SEA a ampliar el plazo de evaluación por hasta 60 días adicionales, siempre que existan razones debidamente fundadas. En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), el artículo 57 contempla una ampliación máxima de 30 días. Por otra parte, los titulares también pueden solicitar la extensión de plazos para responder requerimientos del SEA, como lo establece el artículo 38 para los EIA y el artículo 50 para las DIA, permitiendo hasta dos extensiones si se solicitan dentro del período original.
Con este contexto normativo, resulta relevante analizar cómo se distribuyen en la práctica estas solicitudes y decisiones de ampliación de plazos en el sistema e-SEIA.
quién amplía los plazos
De los 16.610 proyectos considerados, cerca de la mitad (45,6%), han ampliado su plazo de evaluación por decisión del SEA y han tenido una solicitud de extensión por parte del titular. Esta doble participación sugiere que en muchos casos ambas partes coinciden en la necesidad de más tiempo para abordar adecuadamente la evaluación ambiental.
En contraste, en 3.940 casos no se registró ninguna solicitud o decisión de ampliación de plazos. De este 23,7%, 1.587 son proyectos ya resueltos favorablemente y 2.410 aún no reciben o nunca recibieron un ICSARA.
Otros dos grupos muestran cómo opera el sistema de manera unilateral: en 3.245 proyectos, solo el titular solicitó una extensión del plazo, mientras que en 1.854 casos fue únicamente el SEA quien amplió el periodo de evaluación. Así, más de tres cuartas partes de los proyectos (76,3%) tuvieron alguna forma de extensión o suspensión del plazo, ya sea por una de las partes o por ambas.
DIFERENCIA ENTRE DIA Y EIA
De los 15.972 proyectos DIA considerados, la categoría más significativa corresponde a aquellos donde ambas partes han participado en extensiones de plazo, alcanzando 7.228 casos (45,3%). Esta cifra refleja que en casi la mitad de las DIA existe un consenso entre titular y SEA sobre la necesidad de tiempo adicional para completar adecuadamente la evaluación ambiental. Le sigue en importancia el grupo donde no se registró ninguna solicitud o decisión de ampliación de plazos, con 3.814 casos (23,9%), evidenciando que cerca de una cuarta parte de estos proyectos logra completarse dentro de los plazos originalmente establecidos.
Los casos de participación unilateral muestran un comportamiento diferenciado: 3.191 proyectos (20,0%) corresponden a situaciones donde solo el titular solicitó una suspensión de plazo, mientras que en 1.739 casos (10,9%) fue únicamente el SEA quien amplió el período de evaluación. Esta distribución indica que los titulares de DIA requieren con mayor frecuencia tiempo adicional para responder a observaciones o completar información, comparado con la necesidad del SEA de extender unilateralmente los plazos evaluativos. En conjunto, más de tres cuartas partes de las DIA (76,1%) experimentaron alguna forma de extensión o suspensión del plazo, ya sea por una de las partes o por ambas.
De los 638 proyectos EIA considerados, la categoría predominante corresponde a aquellos donde ambas partes han participado en extensiones de plazo, alcanzando 343 casos (53,8%). Esta proporción es significativamente mayor que en las DIA, reflejando la mayor complejidad inherente de los EIA que requiere colaboración bilateral más frecuente entre titular y SEA para completar adecuadamente la evaluación ambiental. En contraste, solo 126 casos (19,7%) no registraron ninguna solicitud o decisión de ampliación de plazos, una proporción menor que en las DIA, confirmando que los EIA necesitan generalmente más tiempo del plazo estándar establecido.
La participación unilateral en extensiones de plazos muestra un patrón particular en los EIA: 115 proyectos (18,0%) corresponden a situaciones donde solo el titular solicitó una suspensión de plazo, mientras que en apenas 54 casos (8,5%) fue únicamente el SEA quien amplió el período de evaluación. Esta distribución indica que, aunque los titulares de EIA también requieren tiempo adicional con mayor frecuencia que el SEA, la diferencia es menos marcada que en las DIA. En total, el 80,3% de los EIA experimentaron alguna forma de extensión o suspensión del plazo, una proporción superior a las DIA, evidenciando la mayor complejidad evaluativa que caracteriza a estos estudios ambientales.
MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIóN por tipo de prorrogas
Los EIA demuestran requerimientos de mano de obra sustancialmente más altos durante la fase de construcción, con una mediana que alcanza 400 personas en proyectos donde solo el titular solicitó suspensiones de plazo. Esta cifra sugiere que los proyectos más intensivos en mano de obra enfrentan mayores desafíos durante la evaluación ambiental, requiriendo tiempo adicional para resolver aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos o impactos sociolaborales. Los proyectos con participación bilateral en prórrogas y aquellos donde solo el SEA amplió plazos muestran medianas similares de 301 y 299 personas respectivamente.
Los proyectos EIA sin prórrogas registran la mediana más baja con 190 personas, indicando que aquellos con menores requerimientos de mano de obra tienden a completarse dentro de los plazos establecidos. Esta relación inversa entre intensidad de mano de obra y necesidad de prórrogas sugiere que los aspectos sociolaborales de los proyectos grandes constituyen un factor importante en la complejidad y duración de los procesos evaluativos ambientales.
Las DIA muestran requerimientos de mano de obra considerablemente menores, con una mediana máxima de 50 personas en proyectos donde ambas partes participaron en extensiones de plazo. Esta cifra refleja la escala menor de los proyectos DIA y sugiere que aquellos con mayores requerimientos laborales dentro de esta categoría necesitan mayor tiempo de evaluación bilateral. Los casos de participación unilateral, tanto por parte del SEA como del titular, registran medianas idénticas de 20 personas.
Los proyectos DIA sin prórrogas presentan la mediana más baja con 15 personas, confirmando que los proyectos de menor intensidad laboral se evalúan más eficientemente dentro de los plazos estándar. La diferencia relativamente pequeña entre categorías en las DIA (15-50 personas) comparada con los EIA (190-400 personas) evidencia no solo la menor escala de estos proyectos, sino también que los factores de mano de obra tienen un impacto proporcionalmente menor en la complejidad evaluativa de las declaraciones de impacto ambiental.
INVERSIóN por tipo de prorrogas
Los EIA muestran montos de inversión promedio significativamente más altos, reflejando la naturaleza de proyectos de mayor envergadura que requieren este tipo de evaluación. Los proyectos donde no se registraron prórrogas presentan el promedio más alto con 633 millones de dólares, seguidos por aquellos donde ambas partes participaron en extensiones con 541 millones. Esta diferencia sugiere que los proyectos de mayor inversión tienden a completarse dentro de los plazos establecidos, posiblemente debido a una mejor planificación y recursos disponibles para cumplir con los requerimientos evaluativos.
Los casos de participación unilateral en prórrogas muestran inversiones promedio menores: 496 millones cuando solo el SEA amplió plazos y 433 millones cuando únicamente el titular solicitó suspensiones. Esta distribución indica que los proyectos EIA de menor inversión requieren con mayor frecuencia ajustes en los cronogramas evaluativos, ya sea por necesidades técnicas del SEA o por requerimientos adicionales que deben cumplir los titulares durante el proceso.
Las DIA presentan montos de inversión promedio considerablemente menores, coherente con proyectos de menor complejidad ambiental. Los proyectos donde ambas partes participaron en extensiones registran el promedio más alto con 34 millones de dólares, sugiriendo que dentro del universo DIA, los proyectos más complejos o de mayor inversión requieren mayor colaboración entre titular y SEA para completar la evaluación. Le siguen en magnitud los casos donde solo el SEA amplió plazos y aquellos sin prórrogas, ambos con 31 millones de dólares.
Los proyectos donde únicamente el titular solicitó suspensiones muestran la inversión promedio más baja con 23 millones de dólares. Esta cifra indica que los proyectos DIA de menor envergadura económica son los que más frecuentemente requieren tiempo adicional por parte del titular para responder a observaciones o completar información durante el proceso evaluativo, reflejando posiblemente menores capacidades técnicas o recursos para cumplir oportunamente con los requerimientos del SEA.