Los Procesos de Consulta Indígena en el SEA
Desde la entrada en vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, año 2008, el Estado ha asumido el compromiso de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en aquellas decisiones que puedan afectar directamente sus derechos y territorios. En este marco, el Proceso de Consulta a los Pueblos Indígenas (PCPI), regulado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se ha consolidado como una herramienta clave para asegurar que los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) consideren la opinión y los derechos de los pueblos originarios.
En la página web del SEA se puede observar que 92 iniciativas de inversión han pasado —o están actualmente pasando— por un Proceso de Consulta Indígena. Todas ellas ingresaron al sistema como Estudios de Impacto Ambiental (EIA), ninguna corresponde a una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). No obstante, Prisma identifica que estas 92 iniciativas corresponden en realidad a 91 proyectos distintos. Esto se debe a que una misma iniciativa puede haber sido presentada más de una vez ante el SEIA, y Prisma agrupa esos ingresos múltiples bajo un solo proyecto, siempre que cumplan con los criterios definidos en la metodología.
Esta agrupación permite identificar, por ejemplo, que existe un proyecto de inversión que ha pasado en dos ocasiones por un proceso de Consulta Indígena. Se trata de la iniciativa de la Compañía Minera Zaldívar SpA para dar continuidad operacional a la Mina Zaldívar. El primer ingreso al SEIA se realizó el 7 de junio de 2018 bajo el nombre Continuidad Operacional Compañía Minera Zaldívar. Esta iniciativa fue sometida a un proceso de Consulta Indígena entre el 30 de julio de 2018 y el 15 de marzo de 2023, fecha en que el proyecto fue desistido, según consta en la plataforma del SEA.
Poco más de tres meses después, la empresa volvió a ingresar una nueva iniciativa para ejecutar esencialmente el mismo proyecto, esta vez bajo el nombre Extensión de Vida Útil con Transición Hídrica. Al comparar la descripción de ambas iniciativas, es posible concluir que se trata del mismo proyecto. Este segundo ingreso fue aprobado el 20 de mayo de 2025 mediante una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, tras un nuevo proceso de Consulta Indígena que se desarrolló entre el 29 de agosto de 2023 y el 15 de mayo de 2025.
Proyectos con Consulta Indígena
El gráfico muestra una tendencia general al alza en el número de proyectos que han activado un Proceso de Consulta Indígena (PCPI) desde 2008. En los primeros años, los casos eran escasos, pero en 2013 se registra un salto significativo con 11 proyectos, lo que marca un punto de inflexión en la aplicación del Convenio 169 en el sistema de evaluación ambiental.
Tras algunas fluctuaciones, se observa un nuevo aumento sostenido a partir de 2017, alcanzando un peak en 2022 con 12 proyectos. Los años 2023 y 2024 también presentan cifras altas (8 proyectos cada uno), lo que sugiere una consolidación del uso de este mecanismo en proyectos con potencial afectación a pueblos indígenas. En 2025, hasta el 30 de junio, solo se registran dos proyectos con consulta.
Más de la mitad de los procesos iniciados desde 2021 están aún en proceso. Solo 15 de las 37 consultas indígenas que comenzaron desde 2021 ya finalizaron.
Distribución por Sector productivo
Al desagregar los proyectos con Consulta Indígena por sector económico, se observa una fuerte concentración en el área de energía, que representa más de la mitad del total, con 48 proyectos (40 finalizados y 8 aún en proceso). Le sigue el sector minero, con 22 proyectos, de los cuales 5 siguen en curso. Estas cifras reflejan el peso que tienen estos dos sectores en las evaluaciones ambientales que intersectan con territorios indígenas, tanto por su escala como por su ubicación geográfica.
Más atrás aparecen los sectores de infraestructura (8 proyectos), saneamiento ambiental (8) e industria (1), junto con un grupo clasificado como otros (4), que incluye los sectores del SEA: “Otros”, “Planificación Territorial” e “Inmobiliarios en Zonas”. Es relevante notar que, en sectores como saneamiento e infraestructura, la mitad de los procesos están aún en desarrollo, lo que podría estar relacionado con la creciente sensibilidad social y comunitaria frente a este tipo de intervenciones.
Distribución por región
La distribución regional de los proyectos con Consulta Indígena revela una concentración en ciertas zonas del país, especialmente en regiones del norte y sur, donde convergen actividad extractiva e importantes asentamientos de pueblos originarios. Atacama lidera con 21 proyectos (14 finalizados y 7 en proceso), seguida por Biobío con 13 y Los Lagos con 11, lo que da cuenta de la intensidad de la evaluación ambiental en territorios indígenas de alto valor ecológico o con alta presencia de inversión.
También destacan regiones como Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Aysén, todas con entre 8 y 10 procesos de consulta. En el extremo opuesto, regiones como Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Magallanes registran muy pocos o ningún proyecto con PCPI, lo que puede reflejar una menor presencia indígena en zonas de emplazamiento de proyectos o bien una menor activación institucional del mecanismo.
Es interesante notar también el alto número de proyectos “interregionales” (11 en total), lo que sugiere que muchos proyectos cruzan límites administrativos y afectan territorios indígenas en más de una región. Esta dimensión interregional puede agregar complejidad adicional al proceso de consulta, en términos logísticos, institucionales y de representatividad.
Distribución por Nivel de inversión
El análisis según el monto de inversión revela que la gran mayoría de los proyectos que han activado un Proceso de Consulta Indígena (PCPI) son de gran escala, es decir, con montos iguales o superiores a 100 millones de dólares. Este grupo concentra 64 proyectos (48 finalizados y 16 aún en proceso), lo que representa más del 70% del total. Esto refuerza la idea de que los procesos de consulta se activan principalmente en iniciativas de alto impacto territorial, ambiental y económico.
En los tramos de menor inversión también hay presencia de procesos de consulta, aunque en menor medida. Los proyectos medianos (entre 10 y 100 MMUS$) suman 17 casos, y los pequeños (menos de 10 MMUS$), 10 casos. En ambos segmentos, se observa que alrededor de un tercio de los procesos aún se encuentra en desarrollo, lo que indica que la duración del PCPI no está necesariamente determinada por el tamaño del proyecto.